Durante la pandemia de COVID-19, los servicios de salud sexual y reproductiva, y de manera particular, la atención durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, se clasifican como servicios esenciales que deben mantenerse en apego a las medidas de prevención y mitigación de la transmisión de COVID-19. Dadas las características de la población, el comportamiento epidemiológico y las persistentes brechas de desigualdad en salud de la población mexicana, éstas se traducen en riesgos diferenciales para las mujeres en edad fértil y durante el proceso reproductivo, por lo que es necesario intensificar esfuerzos para garantizar su continuidad y calidad. De manera concomitante a las estrategias de respuesta ante el coronavirus (SARS-CoV2), la selección de las prioridades depende de la carga local de enfermedades.

De manera inicial y enfática se orienta a la prevención de otras enfermedades transmisibles, de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, y de la exacerbación de las enfermedades crónicas, mismas que pueden estar presentes en mujeres embarazadas y en edad reproductiva. Asimismo, el manejo de complicaciones y emergencias obstétricas requiere un balance entre tiempo y recursos para mantener la oportunidad en la atención.

Por ello, se requiere establecer mecanismos de planeación, coordinación e implementación de las medidas necesarias para satisfacer la demanda de atención en salud materna y perinatal. De acuerdo con proyecciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para el periodo de abril a junio del año en curso, se estima la ocurrencia de cerca de 260,000 eventos obstétricos en el país, un aproximado de 235,000 nacimientos y cerca de 25,000 abortos. Además, considerando las condiciones habituales de atención, se otorgarían alrededor de 1, 150,000 consultas de control prenatal y casi 200,000 consultas durante el puerperio.

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