Durante el mes de mayo de 2020, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), la Dirección General de Epidemiología (DGE), la Dirección General de Información en Salud (DGIS) y la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS), con el Registro Nacional de Población e identidad (RENAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el fin de fortalecer la vigilancia de la mortalidad por la COVID-19, analizando el exceso de mortalidad por todas las causas, a través del registro de las actas de defunción, como uno de los enfoques propuestos para contribuir a la evaluación de la magnitud de la carga de la epidemia por la COVID-19.

La detección oportuna de un exceso de mortalidad por todas las causas puede ser particularmente útil para estimar y vigilar la evolución de la epidemia en una población independientemente de lo que se puede registrar en los sistemas específicos de vigilancia sindromática o por laboratorio, que dependen de la interacción entre los pacientes y el sistema de salud y de vigilancia epidemiológica y de la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas. Así mismo, el recuento semanal de todas las muertes por lugar de registro, con un desglose por sexo y grupo etario, y la comparación de esta cifra con umbrales definidos de muertes esperadas, se puede usar como un sistema de alerta temprana para vigilar la magnitud y la gravedad de los brotes de la COVID-19.

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